Marchan para apoyar a juez que indaga corrupción de gobierno de Macri

Buenos Aires. Miles de manifestantes marcharon anoche en esta capital, en una plaza oscurecida por un corte de luz provocado por la municipalidad sólo en esa zona, y exigieron que la justicia no intente sacar al juez federal de Dolores (provincia de Buenos Aires) Alejo Ramos Padilla, quien investiga la red de extorsión, espionaje ilegal, armado de causas falsas que estalló en febrero pasado por la denuncia de un empresario víctima de la misma y que involucra al gobierno de Mauricio Macri, a sectores del periodismo oficialista y a la justicia ligada a esta administración.

La marcha anoche en esta capital y un acto en Dolores, donde el juez Ramos Padilla es respaldado por la población, demostró que las maniobras gubernamentales para impedir una investigación verdaderamente independiente y pasarla al reducto judicial del gobierno en los llamados Tribunales de Comodoro PY, desbordó los límites de una sociedad en crisis en todos sus aspectos.

Por su parte, los diputados del bloque kirchnerista Frente para la Victoria anunciaron este viernes que demandarán penalmente al Ministro de Justicia y derechos Humanos Germán Garavano por aparecer involucrado en el delito de extorsión contra el ex juez Carlos Rozansky, a quien solicitó la renuncia con el fin de apartarlo de una causa con la complicidad de otros funcionarios y de la presión periodística en una verdadera trama de extorsión.

También los diputados advierten que a lo sucedido con el ataque a jueces independientes como Ramos Padilla se une el hecho de que se haya entregado un guión escrito por sectores de inteligencia al empresario Leonardo Fariña, quien para evadir la cárcel y recibir un “salario” por declararse arrepentido aceptó acusar a la ex presidenta Cristina Kirchner, para involucrarla falsamente en una causa artificial creada en los Tribunales de Comodoro PY; a ella y a otros ex funcionarios de su gobierno que están ilegalmente detenidos.

La decisión de los congresistas se produce después de la presentación de Rozansky como querellante ante Ramos Padilla presentando una denuncia por extorsión contra Garavano y el ex juez y consejero de la Magistratura Luis María Cabral. El juez Rozansky participó en juicios donde se juzgaban delitos de lesa humanidad cometidos por la pasada dictadura militar en el tribunal Federal 1 de la Plata, y ante Ramos Padilla describió que a partir de una «violenta operación mediática», fue convocado a presentarse al ministerio de Justicia donde le pidieron que solicitara su renuncia.

Rozansky presentó los audios de la reunión mantenida con Garavano y Cabral demostrando que se le amenazó con llevarlo a juicio político, como sucedió con otros jueces perseguidos por el gobierno actual por su independencia definida y se utilizó también que el ministro se reservara la posibilidad de adelantar o atrasar su jubilación.

Esta maniobra estaba destinada a convencer a Leonardo Fariña, a quien Rozansky investigaba por “evasión agravada”, que con la renuncia del juez le aseguraban la libertad si cumplía con el pacto de “arrepentirse” para contar la falsa historia que involucraría a la ex mandataria. Los audios presentados por Rozansky se asimilan a cualquier negociación de amenaza de sectores mafiosos contra quienes quieren sacar del medio.

Por su parte, Ramos Padilla se negó a investigar una causa que le envió el juez Luis Rodríguez, iniciada por una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, basada en una carta “anónima que le tiraron bajo la puerta” según dijo donde intenta establecer que la causa iniciada por el juez de Dolores surge de “un complot de los kirchneristas” detenidos ilegalmente por este gobierno, para dañar su reputación.

Es más grave aún porque Stronelli nunca se presentó a las citaciones del juez Ramos Padilla y está en situación de “rebeldía”, pese a numerosas pruebas de su involucramiento.

Ramos Padilla se negó a aceptar el expediente basado en anónimos y supuestas llamadas obtenidas por medio ilegales y falsificadas en un intento por obstaculizar la investigación que lleva adelante sobre “una organización criminal que, en efecto, se dedicaba al espionaje ilegal en los ámbitos político y judicial y utilizaba métodos como los descritos” y advirtió que es imposible aceptar una causa donde se investigaría lo que él está indagando.

Por otra parte otro empresario, en este caso Mariano Martínez Rojas, dueño en su momento del periódico Tiempo Argentino, denunció que funcionarios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, -también involucrada en la causa de la red de extorsión y escuchas ilegales- lo chantajearon al plantearle un supuesto acuerdo de protección de testigos arrepentido, entregándole un relato preparado por ellos para acusar a Fernández de Kirchner.

“Directamente la orden venía del lado de Patricia Bullrich”, dijo el empresario a una radio local, desde su lugar de detención añadiendo que es el “único argentino con un acuerdo (de protección de testigos) firmado y homologado que está detenido”.

Antes de declarar ante Ramos Padilla todo lo vivido desde que estaba prófugo en Estados Unidos donde lo contactó Julio César Posse de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina para que regresara a este país, aportara información sobre algunas causas que lo involucraban y aceptara transformarse en un testigo “arrepentido” pero cuando llegó todo estaba preparado sobre lo que debía declarar.

“Tenía que seguir una parodia con información que ellos me iban a ir dando” y luego lo amenazaron para que involucrara a la ex presidenta “como jefa de la asociación ilícita de todas las operaciones que figuraban como acusaciones contra mí”. También lo presionaron para señalar a otros ex funcionarios Ricardo Echegaray, Guillermo Moreno, Juan Manuel Abal Medina, e incluso a otros hombres de negocios, como el banquero Jorge Brito, entre otros.

(La Jornada)

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